Renta 2016: La Policía alerta de una campaña de SMS fraudulentos

Con la llegada de una nueva campaña de la Declaración de la Renta, desembarcan también en los teléfonos móviles SMS que tratan de robar los datos de los contribuyentes. Antes aún de que se haya iniciado el plazo de presentación (será el próximo 5 de abril), la Policía y la Guardia Civil ya alertan de una campaña del fraude electrónico del ‘phising’ con el objetivo de obtener los datos de cuentas de tarjetas de crédito de los afectados.

Los ciberpiratas envían en este caso SMS —en la Campaña de 2014, por ejemplo, se detectó este mismo fenómeno pero con emails— en los que se hacen pasar por la Agencia Tributaria. Bajo el gancho de una supuesta devolución de impuestos, piden a los afectados a través de una página que falsea la web del Ministerio Público sus datos bancarios.

Esta página web fraudulenta solicita todos los datos. Desde su DNI hasta el número de tarjeta bancaria, su caducidad, pin o código de seguridad. Una información que permite al estafador realizar cualquier tipo de compra en una tienda online.

Ante la recepción de este fraude, la Policía recomienda extremar la cautela con los mensajes de texto o email con un destinatario desconocido. También recomienda al contribuyente solo fiarse de las páginas web que pueda constatar a través de su URL que son oficiales. Unas webs que remitan al renovado sistema de presentación de la declaración vía internet: el Renta Web que sustituirá al tradicional Programa Padre.

Campaña RENTA 2016

Artículo escrito por Web Financial Group SA

La campaña de la renta de 2016 comenzará el próximo 5 de abril de 2017 para la presentación telemática (el 11 de mayo para la presencial) y la principal novedad es que desaparece definitivamente el programa Padre de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya se eliminó el año pasado para la mayoría de los contribuyentes y únicamente quedó relegado a los declarantes de actividades económicas, básicamente autónomos.

Los contribuyentes dispondrán del sistema ‘Renta web’, que se generaliza ya para todos los declarantes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas (del trabajo, capital o actividades económicas) y que ha venido a sustituir al Programa Padre y al borrador del IRPF, ya que se trata de una mezcla de ambos.

Al sistema ‘Renta web’ se accederá desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria y, en la práctica, supondrá una propuesta de declaración, como venía siendo el borrador, pero más sencillo y ampliado a todos los contribuyentes. Su principal ventaja es que el contribuyente verá despejados obstáculos directamente relacionados con la descarga informática de la información del borrador –que hasta ahora sólo recogía unas determinadas rentas– o del programa Padre.

Para acceder, habrá de identificarse de la manera habitual –DNI electrónico, clave y número de referencia–. Una vez dentro, se informará de la posible existencia de diferencias entre los datos de la última declaración y los existentes en el momento, y tendrán que validarse los datos identificativos.

En un entorno similar al del programa Padre, el contribuyente verá una serie de datos que se asimilan a los datos generales con los que la Agencia Tributaria hace la propuesta y que incluirán los correspondientes a los tramos o impuestos autonómicos de cuya información se tiene conocimiento. Una vez finalizado el proceso, el declarante sólo necesitará ir al banco con el documento de ingreso y devolución y un número de referencia, quitándose la molestia de ir con todo el pliego de datos como hasta ahora.

Según el calendario del contribuyente, el 5 de abril se da el pistoletazo de salida a la presentación telemática de la campaña de la renta 2016. Para presentar la declaración del IRPF de manera presencial, habrá que esperar hasta el 11 de mayo y, en ambos casos, se extenderá hasta el 30 de junio. Si el resultado sale a ingresar y se quiere domiciliar el pago, el plazo concluye el día 26 de junio.

La prestación por Maternidad SÍ tributa en IRPF

El TEAC ha unificado el criterio esgrimido por distintos tribunales económico administrativos regionales que consideraban no exenta esta prestación (TEAR La Rioja 30-7-13; TEAR Murcia 13-5-16; TEAR Castilla-La Mancha 19-7-13; TEAR Andalucía 20-2-15, 23-10-15 y 15-1-16, entre otros).

Así, acuerda por iniciativa propia, el inicio de un procedimiento para adoptar una resolución en unificación de criterio, dada la trascendencia para los derechos y garantías de los obligados tributarios que presenta este caso y, sobre todo, tras la incertidumbre generada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor de la exención (TSJ Madrid 6-07-16).

Una primera interpretación de la normativa de IRPF, compartida por la DGT, señala que la finalidad de la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social (SS) es la de sustituir a la retribución normal, que no está exenta de este impuesto, que obtiene la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al empezar a disfrutar del correspondiente permiso.

La causa real, por lo tanto, de esta prestación, no es la maternidad en sí, sino la suspensión de la relación laboral que origina la maternidad, y que también se da en otras prestaciones como la de enfermedad, incapacidad temporal por accidente, etc.

Además, sostiene que las prestaciones públicas por maternidad a cargo de órganos distintos a la SS son meras liberalidades constituidas a favor del beneficiario, que se encuentra en una situación que el ordenamiento jurídico considera que merece una protección especial.

En consecuencia, señala el TEAC que la prestación por maternidad a cargo de la SS es una prestación de naturaleza contributiva y laboral, que no tiene la condición de prestación familiar y que, por tanto, no queda encuadrada en los supuestos de exención contemplados en la Ley del IRPF (art.7.h y z).

Por tanto, este Tribunal fija como criterio administrativo unificado que la prestación por maternidad, satisfecha por la SS, no está incluida en la normativa de IRPF como renta exenta de dicho impuesto.

 

Multas a las empresas que no registren la jornada a diario

La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro de jornada en las empresas. Las infracciones suponen multas que van de 60 a 187.515 euros

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35.5 obliga a las empresas a registrar la jornada día a día pero solo para los empleados a tiempo completo y, lo más importante, “a efectos del cómputo de horas extras”. Por ello, hasta hace poco, si el trabajador no hacía horas extraordinarias, la empresa no estaba obligada a computar la jornada diaria de dicho empleado.

Sin embargo, en el último año se han producido tres sentencias de la Audiencia Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Banco Sabadell)– que indican que las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores siempre, aunque no se realicen horas extraordinarias. La justificación del tribunal es que dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada.

Tras estos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo los hizo suyos y dictó en marzo pasado una Instrucción en la que pidió a sus efectivos que “intensificaran el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo”. Desde entonces, se está registrando un creciente temor de las empresas a recibir una visita de la Inspección por esta materia, ya que se enfrentan a sanciones por infracciones que van desde los 60 a los 187.515 euros.

Por ello, en los últimos nueve meses cuando los inspectores vistan las empresas para controlar esta materia vigilan cuatro cuestiones:

  • Comprueban si se hacen horas extra y si estas superan o no el límite legal (80 horas al año);
  • Su remuneración y cotización;
  • El registro de jornada por parte de la empresa;
  • Y los representantes de los trabajadores están siendo informados de la realización de dichas horas extraordinarias.

Precisamente, el registro diario de la jornada, que hasta ahora no se exigía, está siendo la cuestión que más ampollas está levantando entre las empresas inspeccionadas.   Si no se comunican a la representación de los trabajadores las horas extraordinarias, la multa puede ir de 625 a 6.250 euros. Con las mismas cuantías están penadas la superación de los límites previstos de horas extraordinarias o no consignar en el recibo de salarios las cantidades por horas extras realmente abonadas. Pero las multas más altas, de hasta 187.551 euros son para los casos de impagos y retrasos reiterados en el pago de horas extra o si se enmascaran dichas horas en otros conceptos salariales que generan mayores prestaciones.

Las empresas a las que la Inspección detecte irregularidades en esta materia se enfrentan a multas de entre 60 y 625 euros si, por ejemplo, cometen fallos formales en el registro de la jornada diaria y pueden llegar hasta 6.250 euros por la ausencia de dicho registro.

Por todo ello, se aconseja a las empresas que lleven a cabo estos registros diarios, con el modelo o tipo de registro que ellas elijan libremente (manuales, electrónicos o informáticos), algo que sí permite la Inspección, entre otras cosas porque no está regulado. Tomando como referencia la instrucción de la Inspección, “el registro de la jornada es obligatorio incluso cuando no se realicen horas extra en la empresa”. Y, además de ser diario, el registro “deberá incluir el horario completo de entrada y salida, una vez que se ha concluido la jornada (ex post, no ex ante), explica este laboralista. Es más, la comprobación de la existencia de este registro diario deberá poder realizarse en el centro de trabajo, “para evitar su manipulación posterior”.

Novedades Fiscales 2017

PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

POR EL REAL DECRETO LEY 3/2016

Ley General Tributaria – Con efectos del 01 de enero del 2017.

Ley General Tributaria – Con efectos del 01 de enero del 2017.

Impuesto sobre el patrimonio

Se prorroga al ejercicio del 2017 la aplicación del impuesto sobre el patrimonio en idénticos términos que en el ejercicio del 2017

Impuesto sobre sociedades

Medidas que se aplican a los periodos impositivos iniciados a partir del 01 de Enero del 2016

  1. Compensación de bases imponibles negativas (art 26.1 y 67e)
  • Grandes empresas
  • Se aprueba un nuevo límite a la compensación de bases imponibles negativas para aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea de al menos 20 millones de euros durante los doce meses anteriores a la fecha del inicio del periodo impositivo. El nuevo límite es el siguiente:
  • El 50% de la base imponible previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a su compensación , cuando el importe neto de la cifra de negocios en los referidos doce meses sea al menos de 20 millones de euros, pero inferior a 60 millones de euro.
  • El 25% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación, cuando el importe neto de la cifra de negocios en los referidos doce meses sea al menos de 60 millones de euros
  • Adicionalmente , para estas empresas desaparece el importe mínimo de compensación de un millón de euros,

2-1 Pequeñas y medianas empresas.

Para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea inferior a 20 millones de euros verán limitada la compensación de sus bases imponibles negativas al 60% de la base imponible previa a la aplicación de las reservas de capitalización y su compensación.

Se mantiene para estas entidades el mínimo de un millón de euros

  1. Nuevo límite sobre dotaciones al deterioro de los créditos u otros activos derivados de la posible insolvencia de deudores no vinculados que no fueron deducibles, así como las aportaciones a sistemas de previsión social que hayan generado activos por impuestos diferidos.Los límites a la integración de las dotaciones por deterioro delos créditos u otros activos derivados de la posible insolvencia de deudores no vinculados que no fueron deducibles por incumplimiento del plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación, así como las aportaciones a sistemas de previsión social que hayan generado activos por impuestos diferidos son:
  2. 2-2 Grandes empresas
  • El 50% de la base imponible previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a su compensación , cuando el importe neto de la cifra de negocios en los referidos doce meses sea al menos de 20 millones de euros, pero inferior a 60 millones de euro.
  • El 25% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación, cuando el importe neto de la cifra de negocios en los referidos doce meses sea al menos de 60 millones de euros
  • 2-3 Pequeñas y medianas empresas
  • Para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea inferior a 20 millones de euros, el límite será del 60%

  3-Coeficientes de actualización catastral

Se modifican los coeficientes de actualización de valores catastrales, que se aplicaran a los municipios incluidos en la Orden HAP/1553/2016, de 29 de Septiembre

4- Actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de seguridad social.

Las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquello regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotizaciones aplicables en cada uno de ellos se incrementaran a partir del 01 de enero del 2017, en un 3% respecto a las vigentes en el 2016.

4- Fijación del salario mínimo interprofesional

El Gobierno fijara, el salario mínimo interprofesional para 2017, con un incremento del 8% respecto al establecido en el ejercicio del 2016. Asimismo, el Gobierno determinara la afectación de dicho incremento a las referencias al salario mínimo interprofesional contenidas en los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor del real decreto que apruebe el salario mínimo interprofesional para 2017, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de naturaleza privada.

Cómo recuperar el IVA de los tiques

Las empresas pueden recuperar el IVA de las actividades relacionadas con su actividad o su promoción. Una deducción incorrecta puede suponer una sanción del 50% de la cuota.

Un empresario no debería olvidarse de un impuesto que grava, en muchos casos, hasta con un 21% los bienes y servicios que adquirimos. El IVA cobra especial valor cuando las firmas pueden recuperarlo en aquellas actividades que están relacionadas con su actividad o su promoción.

Guardar los tiques en un cajón por si hubiera una inspección de Hacienda no es suficiente. Para poder deducirse este impuesto, la empresa debe disponer de facturas completas, en las que se identifique claramente quién es el receptor y el prestador del servicio. Así, es necesario que tanto los gerentes como sus empleados implanten la costumbre de solicitarlas cada vez que hagan un gasto fuera de la oficina y no marcharse del local hasta que la tengan en su poder, ya que la promesa de enviarla por correo no siempre se cumple. Todo esto cobrará especial importancia a partir del 1 de enero de 2017, ya que la intención de la AEAT es que el IVA se gestione casi a tiempo real. A partir de esa fecha, todas las sociedades que facturen más de seis millones de euros al año tendrán un máximo de cuatro días para comunicar a Hacienda toda la información fiscal de las facturas emitidas o recibidas. Las empresas más pequeñas también podrán acogerse a este sistema previa inscripción en la AEAT, lo que supondrá que sea la Agencia Tributaria quien lleve los libros de registros del IVA.

María Antonia Azpeitia, responsable del área de IVA del despacho Baker & McKenzie, alerta de las repercusiones que tiene una gestión incorrecta del impuesto, una práctica demasiado habitual. «Aparte de la pérdida de la posibilidad de deducir el IVA pagado y de la obligación de pago de intereses de demora, puede suponer una sanción que, a priori, será como mínimo del 50% de la cuota», incide. Por ejemplo, deducir 2.100 euros en tiques sin factura supondría una sanción de 1.050 euros, que puede quedarse en hasta 551,25 euros, si se aplican las reducciones por conformidad y pago en periodo voluntario.

El autónomo y la elección de su gestoría

Una de las primeras cuestiones que tiene que tener muy clara la persona que se plantea emprender un negocio o actividad como autónomo es que conlleva muchas más obligaciones fiscales y administrativas que trabajar para una empresa y cobrar una nómina.

La liquidación de los impuestos y cargas sociales que pagamos deja de ser algo “automático” que nos viene en la nómina, para ser una carga de trabajo que debemos asumir. Si la declaración del IRPF de cada año ya supone verdaderos quebraderos de cabeza para un trabajador por cuenta ajena, al autónomo se le complica aún más, teniendo que llevar su contabilidad para poder declarar, según el sistema que utilice.

A ello se le suma el pago mensual de la cuota a la Seguridad Social del autónomo, declaraciones trimestrales de IVA e IRPF y un variado número de gastos y gestiones según el tipo de actividad.

Mucho se habla de la importancia de hacerse emprendedor y crear nuestra propia empresa (o empleo), pero no tanto de la importancia de adquirir una formación previa como empresario del propio negocio. En España hay 1.977.277 trabajadores autónomos personas físicas (datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 30 de junio de 2015), de los cuales 1.555.602 (más de un 78%) no tiene empleados a su cargo, es decir, son autoempleados. Estos autónomos que “crean” su propio trabajo son muy valiosos para una economía con tasas de paro de más del 20%, pero se enfrentan a una situación jurídica que les otorga menos derechos laborales que un trabajador y muchas más obligaciones. Aprender a ser autónomo requiere de una formación previa que muchos no tienen; esta falta de conocimientos específicos de lo que representa ser empresario supone muchos errores que pueden salir muy caros.

Acudir a una buena asesoría es una condición necesaria, pero no suficiente, para evitar hacer en muchos de los errores que nos esperan en el camino. En primer lugar, porque cuando contratamos una gestoría que “nos lleve los papeles”, normalmente no estamos contratando a un asesor integral. Normalmente, gestionan nuestra contabilidad y nos liquidan los impuestos trimestrales, pero los servicios adicionales hay que pagarlos. Lo primero, por tanto, es pactar por escrito qué servicios aporta la empresa externa, para evitar malos entendidos.

Tengamos en cuenta que nos conviene tener un asesoramiento personalizado para saber optimizar nuestra factura fiscal, no pidiendo que la gestoría haga que paguemos lo mínimo, sino sabiendo muy bien que gastos desgravan, qué operaciones nos conviene más hacer, si es mejor operar como sociedad, etcétera. Un análisis fiscal dinámico que no suelen hacer las gestorías en sus servicios estándar. No hablemos ya de los autónomos que se creen que todas las facturas de gasto son deducibles, exigiendo al gestor que le compute gastos personales y familiares. Este autónomo puede creer que su gestor es muy bueno si se las incluye, pero en realidad le está generando un coste fiscal futuro cuando tenga una inspección.

La información que nos proporciona la gestoría de las novedades fiscales y legislativas es un valor añadido a tener muy en cuenta. Pensemos que las obligaciones (y algunos derechos) del autónomo varían a lo largo del tiempo; si se nos informa puntualmente, podemos tomar mejores decisiones que nos ahorrarán dinero, tiempo o problemas.

Por otro lado, el autónomo también tiene obligaciones laborales varias, de prevención de riesgos, gestión de la protección de datos personales, sobre múltiples temas jurídicos, necesidad de asegurar determinados riesgos (por ejemplo el de responsabilidad civil, vehículos de la actividad, naves industriales…), etcétera. Valorar un despacho que le pueda ofrecer un servicio integral es muy importante, dependiendo del alcance de nuestra actividad. Cada actividad tiene sus propias características y obligaciones; hay que valorar si vale la pena contratar una gestoría especializada en nuestro sector, en lugar de una generalista. A mayor especialización, se supone que mejor gestionará nuestras necesidades.

Interesante también son las herramientas que el gestor ponga a disposición del autónomo. Por ejemplo, un espacio online donde subir las facturas o consultar el estado de sus tributos y gestiones.

Todo ello, sin embargo, no supone que el autónomo desatienda su formación como empresario: una buena gestoría es un gran aliado, pero la guerra la vive el profesional en su día a día.